Sáenz Peña. La perversidad del Gobierno municipal, que confunde cuestiones personales con institucionales, niega habilitación comercial de un nuevo emprendimiento al empresario y titular de Radio Futuro, Dr. Humberto José Aiquel y lo discrimina al no aplicar el mismo criterio al resto de los comercios del rubro.

Zoha, un emprendimiento a cielo abierto, destinado a la diversión y esparcimiento de la juventud, continúa sin poder abrir sus puertas debido al ensañamiento del Gobierno municipal que ha buscado recurrentemente la forma de impedir el funcionamiento del local comercial, respondiendo así a una cuestión de carácter personal sobre el empresario titular del comercio en cuestión a quien el Gobierno saenspeñense busca “intimidarlo” y ponerle un "bozal" por ser también propietario de Radio Futuro, un medio con editorial critica.

Ha quedado completamente demostrado que el Gobierno recurrió a prácticas repudiables haciendo valer el peso de la “Institucionalidad” para buscar escarmentar voces que se animaron al disenso. Una serie de actos da cuerpo a un conjunto de acciones represivas o maltrato, persistentes, realizadas por funcionarios locales, sobre el empresario en cuestión, dejando claramente en evidencia la existencia de una persecución política perversa.

Desde el día de la inauguración, Zoha cuenta con una especial atención por parte del Gobierno municipal saenspeñense. Tras los persistentes pedidos hechos desde la administración municipal, a modo de requisitos para otorgar la habilitación comercial, el empresario propietario de Zoha ha cumplido con todos y cada uno de lo solicitado, incluso hasta el detalle más ridículo pese a que su obligatoriedad no exista en ninguna normativa vigente.

La unidad Especial de Bomberos de la Policía del Chaco ha brindado sendos informes mediante certificados dando cuenta de la seguridad del lugar y del cumplimiento de todo lo normado en cuento a cuestiones de seguridad y diagrama de protección contra incendios y/u otro tipo de siniestros.

Pese a que la documentación presentada por ante las autoridades municipales, a través de las áreas correspondientes, es completa, y la última inspección municipal realizada por diversas áreas no ha señalado objeción alguna, el Gobierno se ha negado a extender la habilitación comercial perjudicando así a unas treinta (30) familias que directa e indirectamente trabajan en el lugar.

Más allá de que se hayan cumplido todos los pasos administrativos, y que la habilitación comercial solo dependa de la firma de los máximos responsables del Gobierno, la negación a firmar, y las acciones aparecidas últimamente que incluso involucran a otras áreas gubernamentales como el tribunal de faltas municipal, a lo que se suma la celeridad con que se tramitan algunas resoluciones, se redactan escritos y se concretan notificaciones para dilatar la habilitación, deja en evidencia una grosera perversidad y discriminación contra el comerciante, utilizando para ello la “institucionalidad” de un Gobierno para tomarse revancha de algunas cuestiones personales que nada tienen que ver con la actividad ni el rubro en cuestión.