Hay altos funcionarios nacionales que, sin lugar a dudas, carecen de capacidad para desempeñar sus cargos.

Nuestra Constitución Nacional consagra el principio de igualdad ante la ley y de admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. A su vez, la reforma constitucional de 1994 introdujo el Consejo de la Magistratura a fin de mejorar los procedimientos de selección de los jueces y no, como ha ocurrido en los últimos años, para degradarlo poniéndolo al servicio de intereses partidarios.

Posteriormente, las leyes pretendieron establecer pautas de información pública y transparencia respecto del proceso de selección de magistrados y funcionarios de jerarquía significativa, como miembros del directorio del Banco Central, autoridades de investigación fiscal e integrantes de órganos de contralor entre muchos otros.

La sanción de ese complejo de normas perseguía dar respuesta a la demanda ciudadana de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública en aras de mejorar nuestra deteriorada calidad institucional. También pretendía instrumentar mecanismos de participación de diferentes estamentos de la sociedad civil para que la ciudadanía pudiera expresar sus observaciones respecto de los potenciales candidatos.

El esfuerzo no dio los resultados esperados. El Gobierno se ocupó de desvirtuar algunos de los mecanismos de contralor previstos, como sucede cuando el Poder Ejecutivo publica los antecedentes de los postulados, pero desconoce las impugnaciones que se les formulan, aún las más fundadas y documentadas.

Vale recordar la probada evasión tributaria de un juez, las objeciones a la falta de experiencia en control del lavado de dinero tanto de la última titular designada al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), como de su actual sucesor. Si a ello se suman ministros con profesiones y experiencias completamente distintas de las que demandan sus carteras, jueces designados pese a tener las peores calificaciones o los escándalos en el Consejo de la Magistratura respecto de tráficos de información y exámenes copiados, no podemos sino concluir que la ansiada idoneidad brilla hoy por su ausencia.

Hay otro reciente ejemplo escandaloso. El ministro de Economía, Amado Boudou, firmó el ascenso de un funcionario que se hizo conocido por su capacidad de defender a los golpes a su jefe, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En efecto, el pugilista Hernán Leonardo Brahim fue nombrado director de Legales del Area de Comercio Interior, que depende de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio. Así, Moreno premió a su hombre más fiel con un sueldo de alrededor de 7000 pesos y un cargo de alta sensibilidad. Será quien cuide la legalidad de las polémicas decisiones del organismo que controla el aumento de precios. La resolución también lleva la firma de la Presidenta y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Moreno es el funcionario que mejor expresa la concepción de la función pública que prevalece en el oficialismo. No sólo por el respaldo incondicional que ha recibido de sus superiores. También por la multiplicidad de funciones que se le han confiado: comenzó encargándose de las telecomunicaciones; intervino en el mercado energético; más tarde pasó a controlar el sector agropecuario y de producción y comercialización de alimentos; cuando se produjeron turbulencias en el sistema financiero se lo convirtió en presidente del Banco Central en las sombras, manejando a su arbitrio el régimen cambiario; adultera las estadísticas del Indec; tenía bajo su mando una fábrica de papel y pretende quedarse con otra (Papel Prensa); finalmente, dictamina en cuestiones de defensa de la competencia ejerciendo las atribuciones que debería desempeñar un tribunal independiente.

Esta multiplicidad no indica que en la Argentina haya nacido un nuevo Leonardo Da Vinci, sino que el Gobierno tiene un marcado desprecio por el servicio público.

Ese menosprecio desalienta a los funcionarios profesionales que revistan en las distintas áreas del sector público vapuleadas por el oficialismo. El ejemplo más irritante de ese desdén por la capacitación y el cuidado de la carrera burocrática tal vez sea la puesta en vigor por la ministra de Defensa, Nilda Garré, del llamado delito de filiación, desvergonzado y vengativo remedo de regímenes totalitarios que ha impedido el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas altamente calificados. De manera irresponsable, se está jugando con la honra de las personas, en este caso, de militares con intachables fojas de servicios.

Finalmente la designación de la licenciada Mercedes Marcó del Pont en la presidencia del Banco Central ha despertado justificadas dudas respecto a su capacidad para llevar a cabo tan importante tarea. Por lo pronto, ha debutado obedeciendo sin chistar la orden presidencial de emplear indebidamente las reservas del Banco Central.

Cabe esperar que quienes tienen a su cargo tan importantes designaciones depongan toda falsa lealtad partidaria y dejen de lado compromisos partidarios o electorales, para llevar a las altas magistraturas de la República sólo a los mejores, sin distinción de orígenes partidarios, sindicales o de amistad.

Nuestro país enfrenta un fortísimo desafío de reconstrucción, y para ello debe convocar y contar con sus ciudadanos mejor preparados.

 La Nación