Hasta ahora no se les paga porque figuran como trabajadores en la Anses.

 

 Puede sonar a un pedido polémico, y ya está generando controversia. Pero habrá que escucharlo. Ayer fue presentada ante la dirección del Anses un pedido firmado por varias organizaciones de derechos humanos para que el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también alcance a las personas privadas de la libertad. En simultáneo, en Córdoba la Fundación por los Detenidos Sociales (Fundeso) está trabajando en una presentación similar, que sería llevada entre hoy o el lunes próximo ante la regional Córdoba del Anses para solicitar el mismo beneficio.

Hijos sin ayuda. El planteo madre se presentó ayer en Buenos Aires, y fueron integrantes de tres ONG con el apoyo de la Defensoría General de la Nación los que argumentaron “el reclamo de las personas privadas de libertad y sus familiares por la imposibilidad de acceder al derecho de la Asignación Universal por Hijo”.

La nota dirigida a Diego Bossio, director ejecutivo de Anses, lleva las firmas de María Medrano, Andrea Casamento y Sebastián Carrera, titulares de sendas asociaciones civiles que trabajan por la reinserción social de los condenados. En Córdoba, la presentación será realizada por Juan Carlos Sarmiento, de Fundeso, y contará con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

El argumento central que esgrimen es que “la remuneración que perciben los trabajadores en las unidades penitenciarias es inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil”, pero aún así les impide obtener la AUH.

Incluso citan el caso de las mujeres privadas de la libertad, quienes antes de la creación de la AUH, “podían acceder al Plan Familias por la Inclusión Social”, pero ahora parecen haberse quedado “sin el pan y sin la torta”, según señaló el abogado Sarmiento.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Orlando ratificó el apoyo de esa repartición, señalando que “se trata de un derecho de los niños antes que de los padres”, agregando que “este tipo de asistencia social, combinado con el salario que ganan los internos, tendrá un importante efecto resocializador, que se extenderá a la familia”.

“Es un tema para estudiarlo”, respondió Mónica Gutiérrez, titular de la Anses Córdoba, señalando que en muchos casos las mujeres de los presos están recibiendo la AUH. “Habría que estudiar los casos en que la asignación se frena por estar en la base de datos de Anses para determinar si corresponde o no otorgarla”, dijo la funcionaria.

Actualmente más de la mitad de la población penitenciaria de Córdoba, calculada en 5700 personas, trabajan y cobran un sueldo tope de las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil.

 

 

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