La Cámara Federal porteña rechazó el planteo de la defensa de Hugo Moyano para que se invalidaran una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas por el juez Claudio Bonadío, en la causa que investiga a las obras sociales de Camioneros.

 Por una supuesta defraudación en el financiamiento de tratamientos.En la causa en la que se investiga a las obras sociales de Camioneros por una supuesta defraudación en el financiamiento de tratamientos, la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó el planteo de la defensa de Hugo Moyano para que se invalidaran una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas por el juez Claudio Bonadío.

La defensa alegó que el fiscal del caso no había sido notificado de aquellas medidas ni avisado del curso que se le dio a la pesquisa, publica el Centro de Información Judicial.

Según el tribunal, “las constancias de la causa revelan que en dichas ocasiones el fiscal avaló la orientación otorgada a la instrucción –enfocada en ciertas derivaciones de los eventos inicialmente señalados en su requerimiento- sin objetar ninguna de las diligencias y actos producidos. Eso es suficiente para descartar el agravio de la defensa sobre el punto pues se advierte una actividad persecutoria por parte de la Fiscalía siendo que ésta ha tenido noticias de lo actuado desde su inicio contando con la posibilidad de manifestar su oposición al progreso casuídico o de convalidarlo expresa o tácitamente”.

Bonadío analiza si hubo defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por el juez Norberto Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.

Bonadío tiene en su despacho los documentos donde consta que la obra social de Camioneros recibió del Estado (a través de la Administración de Programas Especiales) casi $70 millones entre 2006 y 2009 para, supuestamente, pagar medicamentos de alta complejidad vendidos a la mutual de los Moyano por su proveedor preferido: la Droguería Urbana, una sociedad que aportó a la campaña presidencial Cristina de Kirchner en 2007, y que está siendo investigada no sólo en este expediente sino también en el que tiene Oyarbide conocido como "la mafia de los medicamentos".