Por Guillermo Cherashny

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional criticó duramente y pidió sanciones administrativas y financieras para el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández por darle instrucciones a la Policía Federal de no obedecer al juez Sureda. Éste ordenó el allanamiento de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, donde se encontró fraude en las elecciones pasadas, intentando poner en funciones a la Comisión Directiva de la Lista Celeste, opositora a la Lista Verde, que lidera Alicia Castro.

La citada Asociación se basa en la Constitución Nacional, que dice que la Corte Suprema de Justicia es la intérprete final de la misma. Pero esto parece ser ahora una antigüedad que también alega cualquier estudiante de derecho. El kirchnerato ha modificado la Carta Magna. Así es que el matrimonio presidencial y el jefe de gabinete, dos de ellos abogados y una de ellos estudiante de derecho, se consideran a sí mismos como intérpretes últimos de la Constitución. Así lo hizo saber Aníbal F., quien, ante requisitorias periodísticas, señaló que la Policía Federal bajo su mando no podía obedecer órdenes inconstitucionales, así que más claro échenle agua.

El ex camarista Federal Gabriel Cavallo, en el programa de televisión "La Mirada" de Roberto García, dijo que en los juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y presidentes, hay jurisprudencia que establece que si hay llamado a indagatoria, cae el principio de cosa juzgada. Hay que recordar que a Isabel Martínez de Perón se le declaró nulo el sobreseimiento dictado en su favor por el Juez Eduardo Marquardt. Si Oyarbide dicta el sobreseimiento, es factible que éste sea declarado nulo más adelante. Cuando se cambie la composición actual del Consejo de la Magistratura, también podrán ser juzgados como partícipes necesarios los jueces y fiscales federales que actuaron de esa manera. No hay mal que dure 100 años.