Pocos días antes de las elecciones legislativas del 28 de junio último, el entonces director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y actual ministro de Economía, Amado Boudou, envió una carta a todos los jubilados que, con membrete oficial y el encabezado de "Queridos mayores", buscaba abierta y desvergonzadamente que 5.409.291 jubilados, tal la cantidad de destinatarios, votaran al oficialismo.

La cuestionada carta, que dio origen a una denuncia judicial, costó 14 millones de pesos. Y esa suma fue sustraída, no cabe otro término, de los propios ahorros de los jubilados y pensionados a los que Boudou pretendía convencer de las bondades del oficialismo y los peligros que entrañaba la oposición.

En su texto, Boudou criticó a Mauricio Macri sin mencionarlo y afirmó que a todos los gobiernos anteriores a 2003, es decir, anteriores a los liderados por Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Kirchner, "no les importaban los mayores", algo que extendió a las desaparecidas AFJP, cuyos fondos fueron inconsultamente estatizados y transferidos a la Anses.

A quien no le importaron los "queridos mayores" fue a Boudou, que no dudó en malgastar una fortuna que no le pertenece ni a él ni al partido gobernante para financiar el envío de la catarata de cartas que nada tenían que ver con el bienestar de sus destinatarios.

Este diario pudo averiguar el altísimo costo de esta actividad proselitista luego de presentar un pedido de acceso a la información pública con el asesoramiento de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). En su respuesta, la Anses aclaró que la difusión de la carta ascendió a 2,59 pesos por unidad, cuando el costo de envío para cualquier consumidor por una carta simple es de un peso -si la misiva pesa menos de 20 gramos-, y de cuatro, si pesa hasta 150 gramos. De todos modos, el cálculo del costo por unidad de la Anses incluyó el diseño, la impresión, los insumos y el ensobrado, además del envío.

Al margen de los costos, la burda, triste y cuasi delictiva maniobra de Boudou se encuadra en la tradición peronista de pretender convertir en votantes cautivos a grupos de la población, como lo ha hecho con los sectores necesitados que viven con los planes de ayuda estatales. Y se encuadra, también, en otra firme tradición del justicialismo, como es emplear fondos estatales en campañas políticas.

Mientras miles de sentencias favorables de juicios por actualización de haberes jubilatorios esperan en vano que la Anses se dé por enterada de ellas y pague las sumas adeudadas, los recursos expoliados provenientes de las AFJP están siendo dilapidados para destinos que nada tienen que ver con su finalidad original: por ejemplo, préstamos a amigos del poder, dudosos rescates de empresas con dificultades y créditos para financiar adquisiciones de viviendas, sólo accesibles para postulantes con ingresos considerables, y compras de autos y de artefactos domésticos.

Hace ocho días, un jubilado denunció en una carta publicada por LA NACION que el Gobierno gasta "una fortuna en avisarnos a los jubilados que disponemos del número 130 para realizar consultas telefónicas". Agregó que tras 21 llamadas, desistió. En la misma edición, una jubilada que padece de enfisema pulmonar reclamó a la Anses la actualización de su haber jubilatorio amparada en el fallo Badaro de la Corte Suprema, dado que su expediente ingresó para su liquidación hace ya más de un año.

Los jubilados no son un botín político. Sus haberes, por lo general insuficientes, no suelen reflejar las décadas de aportes realizados en el pasado.

Los pequeños aumentos anunciados recientemente por el Gobierno no constituyen gracias ni dádivas, sino un pequeño e insuficiente gesto para intentar disminuir la enorme deuda con los mayores. Una deuda que Boudou acrecentó en 14 millones de pesos.

La Nación.