Por Carlos Carossini

Sandra Mendoza volvió a atacar duramente la figura del gobernador, esta vez afinando la puntería sobre su entorno.

Volvió a hablar de “corrupción” y de “todo lo que están robando con la Fundación Chaco Solidario”, aunque esta vez con nombre y apellido de la aparente responsable de los delitos que se estarían cometiendo con dineros públicos.

No es la primera vez que la esposa del gobernador se refiere a la corrupción gubernamental, ya que antes había hecho blanco en su propio esposo, cuando en un extenso reportaje concedido a Editorial Perfil, el 18 de diciembre de 2009, dijo claramente que “una Mendoza no esconde nada” y que “había irregularidades en la declaración jurada de bienes que le querían hacer firmar”. “No voy a presentar la declaración jurada que quieren su contadora y él (Capitanich), porque no se condice con los hecho reales", afirmó, para después asegurar que se había presentado ante la Oficina Anticorrupción solicitando que se investigue el tema, porque la declaración “delineada por su ex carece de veracidad en su datos. Nos volvimos pobres, por favor, no engañemos a los ciudadanos del Chaco”, ironizó.

Ante semejantes expresiones, de semejante fuente sobre semejante responsable, me pregunto si algún fiscal de turno habrá iniciado la investigación correspondiente. Estamos hablando de la declaración jurada de un gobernador, muchachos.Y no es una pregunta al voleo, porque – para dar un ejemplo equivalente – cuando el doctor Rozas era gobernador, Manolo Bordón y María Inés Pilatti Vergara, comenzaron una intensa campaña difamatoria, afirmando que éste había comprado la estancia “La hamburguesa”, lo cual suponía (por el valor millonario en dólares de la propiedad) una operación sospechosa de corrupción. El Juzgado de Instrucción Nº5, investigó la falsa denuncia sin descuidar instancia o resquicio legal alguno durante casi dos años (entre octubre de 2001 y julio del 2003). Lo único que sí descuidó fue informar a un gobernador que lo estaban investigando, detalle que terminó jugando a favor del investigado. No encontraron nada fuera de lugar, más allá del papelón que hicieron los inefables denunciantes, quienes terminaron admitiendo que estaban algo flojito de papeles, en desopilantes declaraciones.

Pero más allá de la anécdota, ¿será que la justicia reaccionará con la misma solicitud e interés ante esta denuncia, hecha – nada menos – que por una congresista, con el agravante del vínculo?Y otra reflexión al paso: Qué buen ejemplo del funcionamiento de la  “justicia rozista, adicta, cómplice y garante de impunidad” nos deja este hecho. ¿No es así, señor gobernador, ministro de gobierno, diputados oficialistas y demás trompeteros por una justicia “independiente”?

También me llamó la atención que la legisladora nacional hiciera mención de trámites personales que estaría haciendo en favor de Gustavo Martínez, a quien parece tratar con especial deferencia. Me pregunto en qué habrá quedado el escandaloso episodio que los tuviera como protagonistas, cuando eran diputados provinciales. En la oportunidad a la que me refiero (sesión parlamentaria del 27 de abril del 2007), Mendoza acusó a Martínez “hipócrita, mentiroso, dueño del San Fernando, ladrón y apretador de jornalizados” y Martínez le replicó que su esposo (el de ella) era un “delincuente e inmoral”, que estaba vinculado con “el vaciamiento del Banco de Formosa” y con el lavador de dinero del narcotráfico Aldo Ducler. Todo consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Los gravísimos dichos de Martínez no dieron lugar a reclamo judicial alguno, pese a que Jorge Alcántara afirmó casi de inmediato en Chaco On Line que presentaría “una querella contra el diputado Gustavo Martínez, a partir de declaraciones vertidas en el recinto legislativo, por presunto enriquecimiento ilícito del senador Jorge Capitanich” y que “el presidente del bloque legislativo del PJ deberá concurrir a los estrados judiciales a partir de diciembre, cuando cese su mandato". “Que se haga cargo de sus palabras y de sus expresiones", advirtió Alcántara.

Hasta donde sé, de lo único que se hizo cargo Gustavo Martínez ha sido de la presidencia de SAMEEP, abrazo fraterno mediante con quien lo puso en funciones. Situación que habla muy bien de todos los personajes de este sainete.Bueno, la conclusión no es más que otra pregunta, un enigma, diría: ¿por qué nadie se molesta en investigar estos cruces de acusaciones y denuncias de grueso calibre, donde está en juego la cosa pública, siendo que en otros casos – con acusadores y acusaciones de menor fiabilidad y solvencia – creyeron que había razón suficiente para poner los tribunales patas para arriba?¿Será casualidad que siempre haya un peronista detrás de estos episodios, tanto para que se haga como para que se deje de hacer? Qué llamativo, ¿no? 

Carlos Carossini

DNI. 12816653